Un grupo de gobiernos presentaron a fines de septiembre un proyecto de resolución de la Asamblea General de la ONU para comenzar las negociaciones para un tratado de prohibición de las armas nucleares. El documento se distribuyó el miércoles 28 de septiembre por sus patrocinadores principales Austria, México, Sudáfrica, Irlanda, Brasil y Nigeria y como continuación de la recomendación del Grupo de Trabajo de la ONU de agosto pasado, mediante la cual la inmensa mayoría de los Estados apoyó la petición de las negociaciones del Tratado de Prohibición en 2017 .

El proyecto de resolución convoca una conferencia de la ONU para «negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares, y conduzca hacia su total eliminación» que se llevaría a cabo luego de 2 sesiones comprendiendo un total de 20 días en 2017.

La adopción de este acuerdo marcaría un gran avance para el desarme nuclear. Al anunciar la resolución en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el canciller de Austria, Sebastian Kurz dijo que «la experiencia demuestra que el primer paso para eliminar las armas de destrucción masiva es prohibirlas a través de normas jurídicamente vinculantes».

Se espera que la oposición por parte de los estados con armas nucleares a la resolución sea feroz. Ya se habla de “gestiones diplomáticas” para que los gobiernos retiran su apoyo a las negociaciones del tratado de prohibición.

Las negociaciones del tratado de prohibición plantearán preguntas muy incómodas para el grupo de países sin armas nucleares pero que sostienen alianzas con estados con armas nucleares. Varios de estos gobiernos enfrentan gran presión interna, por sus sociedades, debido a su oposición a la negociación de un tratado de prohibición de las armas nucleares.

Australia fue muy criticada por intentar frustrar la recomendación de un tratado de prohibición en el Grupo de Trabajo de la ONU recientemente en Ginebra, mientras que los gobiernos de los Países Bajos y Noruega también han sido reprendidos por su oposición a la prohibición por la mayoría política en sus propios parlamentos nacionales.

La votación de la resolución se llevará a cabo a finales de octubre.