Fusiles, armas y granadas de alta potencia, diseñadas durante la Segunda Guerra Mundial, que hoy portan grupos terroristas, en Medio Oriente como Al Qaeda, y también la guerrilla colombiana, son los mismos utilizados por bandas delictivas para secuestrar, robar y matar en Maracaibo.

La mayoría de estas armas que circulan en la ciudad son robadas y provienen del extranjero por barcos y a través de las conocidas “trochas” o “caminos verdes” de los municipios limítrofes del Zulia con Colombia, como Mara, Guajira y Jesús Enrique Lossada. Son traídas de Israel, Rusia y Estados Unidos, los mayores fabricantes de armas del mundo. Solo el país del norte, posee 270 millones de armas de fuego, un promedio de 90 por cada 100 personas, afirma un estudio internacional, de Ginebra, Suiza.

Los fusiles de guerra salieron a relucir en manos de hampones en casos recientes como el secuestro de Gina Bortolotti, Andrés Eduardo Hamn y en el robo a un cajero en la Universidad Católica Cecilio Acosta, hechos ocurridos en la ciudad, afirmaron los organismos de seguridad.

En el Zulia, estos armamentos las adquieren organizaciones delictivas como la de “Chicho Moto”, “El Gordito González”, “Chivo Vaquiro”, “Los Valencianos” y por familias que tienen rivalidades en la Costa Oriental del Lago. Estas familias se arman ‘hasta los dientes’ para garantizar su poder en cierta zona de la región, como en Santa Rita, desde donde extorsionan, roban y toman venganzas con sus propias manos. Solo en ese municipio, de 80 mil habitantes, han muerto 13 personas (hasta el 12 de junio de 2012) por sicariato, entre ellos un oficial del Cpez.

Los funcionarios policiales son responsables de que la capital zuliana esté convertida en un arsenal, afirman voceros de ese organismo. En la captura de delincuentes, los policías los despojan de sus armas y luego los extorsionan para dejarlos en libertad. Las pistolas “limpias” (sin solicitudes) las venden, dependiendo del calibre, desde tres hasta 10 mil bolívares a otros sujetos para que roben una casa, un auto o ejecuten un sicariato.

También las alquilan por una noche a mil bolívares y el que no la regrese, lo buscan donde sea y lo matan, sostuvo el informante. Señala que si las armas están vinculadas en delitos, el valor es menor y las comercian en armerías clandestinas.

Para comprobar la “calidad” del arma, muchos verifican los seriales con sus contactos en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y así le ponen precio.

Otra ruta tomada por las mafias de traficantes de armas es la zona norte de Maracaibo, específicamente en la parroquia Coquivacoa. Los barrios que bordean el Lago son estratégicos para la recepción de armas que llegan en embarcaciones, de forma clandestina. No existen lanchas policiales para vigilar las costas y resulta más factible su tránsito. El sector Puntica de Piedra y Teotiste de Gallegos son muy nombrados en estas actividades ilícitas.

Modelos de armas largas como M-16, M-14, con mira láser, cañones, granadas fragmentarias y pistolas Glock ingresan al Zulia dentro de grandes contenedores de barcos, que zarpan desde Panamá.

“Estas armas son fáciles de ensamblar. Las ocultan por partes en el interior de los motores de vehículos y en cajas de madera. Al llegar al puerto en los container las sacan o las desembarcan por el lago o cerca de la frontera colombiana, específicamente por el estado Táchira. El destino principal son el retén El Marite y la Cárcel de Sabaneta, usadas por los cabecillas de las áreas”, señaló un efectivo policial.

Durante el enfrentamiento entre oficiales de Polimaracaibo y “bachaqueros”, en Ildefonso Vásquez, recordó el funcionario que una mujer, de etnia wuayuu, portaba una Ingram (subfusil) con la que amenazó a los policías. Esto es solo una muestra de los armamentos ocultos y de cuan están armados en los barrios Cardonal Norte, Integración Comunal, Independencia, El Samide y 12 de Marzo.

Una fuente ilegal de suministro de armas ligeras a grupos delictivos organizados son empresas privadas de vigilancia, cuyos empleados se prestan para llevárselas o facilitan el robo del establecimiento. También son transferidas por cúpulas irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), desde cualquier punto de los 2.219 kilómetros de frontera colombo-venezolana.

Entre las armas más letales en nuestro país son los fusiles de fabricación rusa: el Ak 47 (Avtomat Kalashnikova), que tiene 22 versiones en el mundo. Son tan peligrosos que una vez tirado en el piso, sin manejo humano, siguen disparando incluso bajo el agua y soportan cualquier tipo de condición atmosférica. Alcanzan a un blanco a casi 200 metros de distancia. Son fabricados ilegalmente en 18 países distribuidos en Europa, Asia y África para armar grupos beligerantes.

En mayo de 2005, el Ministerio de Defensa venezolano firmó un contrato con el Gobierno de Rusia para adquirir 100 mil fusiles AK, modelo 103. En tres embarques llegaron las primeras armas, a mediados de 2006, y se instaló en Aragua una compañía con autorización rusa para ensamblar los fusiles y fabricar las respectivas municiones.

En Venezuela, según el Ministerio de Justicia, la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada (Darfa, llamada ahora Daex) contabilizó seis millones de armas de fuego, en 2006; y el 75% de ellas no estaban registradas, sin ningún tipo de control por parte del Estado. Ese mismo año, el 84% de los homicidios se perpetraron con armas de fuego.

Debido al incremento delictivo en Venezuela y luego de los sucesos de 11 de abril de 2002, comenzó la discusión en la Asamblea Nacional de una ley desarme para la población. Se instalaron consejos regionales para su discusión y tras su sanción, emitieron decretos en Gaceta Oficial, uno de ellos el número 328. 825, en el que el Ministerio de Defensa dictó normas de adquisición, registro y control de armamentos por cuerpos policiales y de seguridad, en 2004. Posteriormente, se suspende la importación y emisión de armas.

La ley “tenía por objeto el desarme de las personas, que porten, detenten u oculten armas de fuego de manera ilegal, a los fines de salvaguardar la paz, la convivencia, la seguridad ciudadana y de las instituciones, así como la integridad física de las personas y de sus propiedades”.

Pero ¿por qué aumentó el tráfico de armas a pesar de la promulgación de la ley? No hubo un control de ellas, sin identificar a los portadores a nivel nacional y faltó una política más agresiva contra grupos irregulares en las fronteras del país, opinó el abogado Agustín Andrade, doctor en derecho penal de la Universidad de Salamanca, en España.

Son tipos de armas de guerra tan potentes que no permiten a los cuerpos policiales repeler a estas organizaciones que las portan. Las leyes no solucionan los problemas y no se pueden promulgar sin tener un sistema integrado para garantizar su efectividad, analizó el jurista.

En vista del gran número de armas en posesión de civiles, el 24 de abril de 2011 se instaló la Comisión Mixta para el Desarme y Control de Municiones, con el fin de avanzar en el tema legislativo en el proyecto de ley para el desarme y en paralelo también se instaló la Comisión Presidencial para el Desarme, en el que están articulados los cinco poderes públicos.

Luego de 10 meses de trabajo, el pasado 4 de junio, el diputado por el Psuv, Freddy Bernal, presidente de la Comisión Mixta para el Desarme, anunció el ensamblaje del primer proyecto final de ley aprobado por unanimidad en la plenaria. Se resalta la severidad de sanciones para militares o policías que trafiquen armas a centros penitenciarios, con pena de 18 a 22 años de prisión. Castigos tan severos y contundentes previsto en ese proyecto de ley para que los funcionarios “no se burlen de las autoridades y de la sociedad”.

Mientras que los civiles serán penados con 12 o 16 años de cárcel y se agravaría si son armas de guerra. Mencionó Bernal, cuestionado por facilitar armas a organizaciones políticas, que “portar un armamento no será un derecho sino un privilegio en el país, donde el 92% de los crímenes se cometen con un arma de fuego y el 74% son usadas para perpetrar robos”.

Destacó que a partir de la promulgación de esta ley, el único organismo encargado de importar, exportar y comercializar armas y municiones será la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares. Las armerías ya no venderán armamentos ni accesorios a particulares. Recordó que antes de 1998 existían tres mil armerías en Venezuela y estos establecimientos se han reducido en 80 hasta 2012.

El proyecto de ley no será “milagroso” en un abrir y cerra de ojos, pero se pretende acabar con la violencia y “promiscuidad armamentista”, argumenta Ricardo Sánchez, diputado por UNT Miranda y miembro de la comisión desarme. “Será útil porque toca aspectos neurálgicos en el tema de la criminalidad que deben resolverse en coordinación con el Gobierno nacional, regional y municipal. “En los parques de armas, hay unas 76 mil armas de fuego en manos de 143 organismos policiales y lo que se busca con esta ley es protocolizar las auditorías para evitar la corrupción que se alquilen o vendan armas orgánicas de reglamento”, añadió el asambleísta.

Esta promoción del desarme debe ser vista con la aprobación de todos los sectores de la sociedad porque tendrá una repercusión en el combate contra la delincuencia que, según el Observatorio Venezolano de Violencia, ha cobrado la vida de más de 19 mil venezolanos, el año pasado, a juicio del sociólogo, Alexis Romero, director de la línea de investigación en violencia del Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia.

“Es una sana medida la ley, pero tiene que ser implementada en términos muchos más prácticos, porque en la forma como está planteada, en canje de armas por becas, parece como ingenua”, expone al referirse al sistema voluntario de la entrega de armas a aplicar en Venezuela.

Explica que desde hace 20 años hay un decrecimiento de las tasas de lesionados ante los conflictos. “Los problemas se resolvían con insultos, golpes, pero ahora terminan siendo fatales y crecen los homicidios y son potencialmente altos si portan un arma”, acotó el sociólogo.

En los últimos ocho años, se han destruido en Venezuela 272.754 armas, destacando en Barquisimeto, estado Lara, la destrucción de 138.292, solo en 2011, más de la mitad de lo incautado en todos los estados, aseguró Edwin Rojas, viceministro de Política Interior y Seguridad. El emporio del tráfico de armamentos sigue creciendo, y es que un 40 y 60 por ciento de la comercialización de armas pequeñas es ilícito en el mundo. Más del 80% del comercio de municiones queda fuera de la exportación fidedigna, refiere Rojas a un documento de la Organización de las Naciones Unidas.

En el Zulia, hasta el 24 de mayo de 2012, el Cpez ha decomisado 150 armas de fuego (en robo de vehículos, residencias y comercios). No fueron sólo las armas incautadas en las calles, cárcel y retenes del Zulia, sino la despojada a un oficial o guardia nacional tras atracarlo, quitarle la vida o las que llevan personas que, aún teniendo porte legal, las usan para delinquir.

“No se explica que a principios de mayo, se haya detenido a una persona, con una camioneta robada, en la vía El Moján, y portando un Ak47, cuando son armas que solo la tiene la Fuerza Armada Nacional y otros organismos como Cicpc y Sebin”, declaró la comisaria Odalis Caldera, secretaria de Seguridad y Orden Público de la Gobernación del estado Zulia.

La circulación de armamentos se debe a la corrupción e impunidad “gigantesca” de parte de los cuerpos de seguridad. “Esos son tráficos ilegales de armas y es muy posible que sean de uso oficial. El hecho mismo de cómo se ven, cómo entran las armas a las cárceles y retenes, eso te demuestra que hay gente muy importante comprometida con el tráfico. Existe la sospecha que tiene que ver con personas que legalmente están autorizadas para estar armadas”, sostiene Lolita Aniyar de Castro, experta en criminología y exgobernadora del estado Zulia.

El emporio del tráfico de armas en el Zulia y resto del país va de la mano con el narcotráfico. Es el carburante que moviliza carteles de droga en el Caribe con conexiones en Europa y Estados Unidos. Estos cargamentos ilícitos son utilizados como forma de pago entre bandas criminales, asegura Biaggio Parisi, exdirector de la Policía de San Francisco. “Los organismos tienen que estar más pendientes de este tráfico, a pesar de que ya está prohibida la venta de armas en el país, porque siempre habrá personas tratando de involucrarse en este delito”, aseguró Parisi.

Un punto neurálgico de este movimiento desenfrenado de armas en la región sería las aduanas, a las que el funcionario policial, recomienda tener un mayor control e instalar sistemas de seguridad más eficaces en los aeropuertos. “Más que desarmar a la población se debe atacar la entrada de estas armas”, expresó.

Una investigación exhaustiva con inteligencia avanzada es necesaria para hacerle frente a esta situación alarmante. “Hay que revisar los puertos por muchas denuncias que se han formulado, se debe abrir una averiguación con un equipo dedicado exclusivamente a ese tema para determinar de dónde proviene, quién les suministra las municiones (…) Debe haber un plan de conciencia y de acción nacional para un verdadero desarme de la delincuencia, no del particular que, en su razón de profesión u oficio requiere un porte legal ”, sostuvo Caldera.

La penetración de las Farc o ELN en territorio zuliano —tal como lo denunció la Fundación Arco Iris, de Colombia, a través de la investigación La frontera caliente entre Colombia y Venezuela— debe indagarse con un trabajo de inteligencia policial con funcionarios muy seguros, sofisticados y leales al estado de derecho, asegura Aniyar. “No sólo es armar esfuerzos los cuerpos de seguridad sino que también la comunidad nos alerte sobre estas situaciones”, añadió.

Un reciente estudio reveló que el 80% de las víctimas del uso y tenencia de un arma de fuego en el país tenían entre 15 y 28 años. Por esa razón, según el abogado Agustín Andrade, el Estado debe impartir políticas más educativas a través de medios de comunicación para que las personas no porten armas y de esa forma reducir la violencia en Venezuela.

Fuente: Panorama, Venezuela, 18/06/2012