A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que la demanda se refiere únicamente al acto del Senado a través del cual ordena la publicación de la Ley General de Víctimas, así como al acto por el que se devuelven las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.

La dependencia apuntó que la SCJN es el órgano facultado para dirimir controversias entre Poderes, por lo que el Ejecutivo recurrió a ella porque, afirma, es prioritario «superar este debate entre Ejecutivo y Legislativo, a fin de fortalecer el diálogo con los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil para contar con una Ley que sí funcione y que resuelva con eficacia y prontitud el problema de las víctimas».

La Segob recuerdó que el Ejecutivo recibió el decreto de Ley General de Víctimas el pasado 1º de junio y 30 días después, atendiendo lo que establece el Artículo 72 de la Constitución, lo regresó al Poder Legislativo con observaciones, mismas que fueron devueltas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Fuente: Milenio  21/07/2012